Si formas parte de una institución financiera en México, seguro sabrás lo difícil que es competir en un ecosistema tan diverso, en el que hay todo un abanico de servicios ofreciéndose a la población. Pero también debes saber que una de las principales dificultades que enfrenta el sector es la informalidad, pues esta permite que haya prestamistas que terminan siendo una competencia desleal para las entidades financieras y un peligro para la población.

En esta situación, el mayor respaldo que las financieras pueden aportarle a los consumidores es contar con el respaldo de la ley. Y la Ley de Instituciones de Crédito en México es una de las principales garantías que se pueden ofrecer.

¿Te interesa saber el por qué? No esperes más y continúa con la lectura.

No dejes que tu institución financiera vea afectada su reputación, sea amonestada o caiga en default. Implementa una matriz de riesgo en tu Consejo y evítalo. Aquí te explicamos cómo:

La Ley de Instituciones de Crédito forma parte del marco legal encargado de regular y supervisar la operación de algunas de las más importantes entidades financieras en México. Esta ley establece los requisitos y las normas que deben cumplir las entidades denominadas como instituciones de crédito, lo cual permite que cuenten con una operación confiable y segura para sus usuarios. La existencia de esta ley hace posible la existencia de un sistema financiero mexicano sólido y estable, cualidades con las que se le caracteriza.

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, en su Artículo 1º, tiene como objetivo principal regular el servicio de banca y crédito, así como los demás servicios ofrecidos por las instituciones de crédito. Citando lo dispuesto en el Artículo 2º, estas instituciones son aquellas que se encargan de “la captación recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados”.

En resumidas cuentas, las instituciones de crédito se encargan de otorgar créditos y financiamientos, con la posibilidad de captar recursos. En la aplicación de esta ley, se excluyen a todas las actividades realizadas por intermediarios financieros, los cuales se sujetan a otras leyes.

La Ley de Instituciones de Crédito es aplicable a todas las entidades financieras que se incluyen dentro de la figura que lleva el nombre de la ley, instituciones de crédito. En esta figura solo se contemplan a las instituciones de banca múltiple y a las instituciones de banca de desarrollo. La ley también regula al Sistema Bancario Mexicano, conjunto formado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y los organismos autorregulatorios bancarios.

Es importante destacar que esta ley establece los lineamientos y obligaciones que deben seguir las instituciones de crédito para poder operar dentro del sistema. Además, faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el ente encargado de regular la operación de las instituciones de crédito de acuerdo con sus propias disposiciones, en el marco de lo establecido por esta ley.

La Ley de Instituciones de Crédito se divide en 281 artículos y ocho títulos, los cuales abordan distintos asuntos que permiten el adecuado funcionamiento del sistema financiero en México. De manera breve, el contenido de la ley se ordena de la siguiente manera:

A continuación, te presentamos los aspectos más destacados de la Ley de Instituciones de Crédito:

Sobre la operación de las instituciones de banca múltiple, las entidades financieras reguladas por esta ley, se establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para realizar las autorizaciones para que una entidad pueda operar como institución de banca múltiple. La constitución de esta deberá guiarse por lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y seguir los requisitos indicados por la CNBV para los efectos deseados.

Entre estos requisitos, la ley menciona en su Artículo 10 la presentación de un proyecto de estatutos con objeto social y operaciones que se realizarán, relación de personas que mantengan participación en el capital social, relación de los probables miembros del Consejo de Administración y la Alta Administración, plan general de funcionamiento de la sociedad, comprobante de depósito de garantía por el 10% del capital mínimo.

La Ley de Instituciones de Crédito establece que el capital social se conformará por una parte ordinaria, formada por acciones de serie “O”, y una parte adicional,  formada por acciones de serie “L” con posibilidad de emitir hasta un 40% del capital social ordinario. El capital mínimo deberá ser 90 millones de Unidades de Inversión, con un valor variante establecido por el Banco de México. También se establecen otras condiciones referentes a las acciones y el capital social, a fin de garantizar que las instituciones cuenten con niveles adecuados de capitalización para mantener el funcionamiento del Sistema Financiero Mexicano.

En cuanto a las reservas, estas deberán ser constituidas para procurar la solvencia de las instituciones. Contar con estas será fundamental ante la posibilidad de un proceso de liquidación, pues ayudarán a garantizar la viabilidad del procedimiento.

La supervisión de las instituciones de crédito, al igual que otras entidades financieras, queda a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México. La principal facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la de supervisar el cumplimiento normativo y regular las condiciones con las que funcionan las instituciones de crédito. Por otro lado, la tarea del Banco de México es, principalmente, establecer condiciones monetarias a las que se sujetarán las instituciones de crédito, y en menor medida realizar actividades de supervisión.

Contar con una ley que regule directamente a las instituciones de crédito no implica hacer más burocrático el funcionamiento de estas, sino que les permite tener un referente para conseguir una gestión óptima. Además, le da mayor certeza a los usuarios sobre la posibilidad de contar con garantías al momento de recibir sus servicios. Entre los beneficios de la Ley de Instituciones de Crédito podemos mencionar:

Sin embargo, un marco normativo tan pormenorizado también implica desafíos que los bancos deben sortear para mantenerse dentro de los límites legales. El cumplimiento normativo puede resultar complicado para aquellas instituciones cuya organización no sea tan minuciosa o las que estén incursionando en esta figura luego de funcionar con otras más sencillas, como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Además, por ser un sector tan dinámico, los cambios a los que estas instituciones deben adaptarse son relativamente constantes, en contraste con otros sectores menos regulados.

En los últimos años, se han realizado dos reformas a esta ley, con las cuales se incluyeron algunos puntos polémicos pero que a final de cuentas contribuyeron a reforzar la confianza en las entidades financieras de México.

La primera de estas reformas, acontecida en el 2022, buscó que los recursos inactivos de las cuentas bancarias por un periodo mayor a seis años se destinaran a tareas de seguridad pública. Aunque la reforma al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito fue difundida como una expropiación de los bienes de los ahorradores en favor del gobierno, en realidad solo se complementó una disposición incluida desde el año 2008, que establecía el destino de estos recursos a la beneficencia pública.

Otra de las recientes reformas sucedió este mismo año. Se trata de la adición del Artículo 106 y la modificación del 111, con la que se pretende castigar a quienes realicen actividades conocidas como “montadeudas”. Para evitar que instituciones de crédito, u organizaciones que se hacen pasar por estas, realicen cobros no autorizados y otras prácticas que pueden llegar a identificarse como extorsión, se prohibió la solicitud innecesaria de contactos, fotografías y videos por medios digitales, además del acceso a la información personal almacenada en dispositivos electrónicos.

Estas no han sido todas las reformas, sino que en realidad esta ley ha sido reformada multitud de veces desde su creación, en 1990. Durante este periodo, el Sistema Bancario Mexicano ha tenido un proceso de madurez que le ha permitido consolidarse como una de las bases para la estabilidad de la economía mexicana. Tanto ha sido así, que las recientes afectaciones en el sector bancario estadounidense no representaron una amenaza para los bancos mexicanos, que siguen creciendo día con día.

Las demás organizaciones financieras de México tienen mucho que aprender de las instituciones de crédito y a ley que las regula. ¿Cuáles crees que son las buenas prácticas que otros sectores y segmentos podrían implementar en su gestión?