El miércoles 02 de noviembre de 2022, el presidente Gabriel Boric anunció, en cadena nacional, la prometida reforma previsional que apunta a mejorar las pensiones de los 2 millones de jubilados que tiene el país a la fecha. El proyecto del Ejecutivo plantea la creación de un sistema mixto, poniendo fin a las AFPs tal y como se conocen en la actualidad en un plazo de 24 meses.

Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de los actuales multifondos, los depósitos convenidos y la Cuenta 2, así como el reemplazo del retiro programado, la reducción de comisiones indirectas, la transferencia de economías de escala a los afiliados, entre otras.

El lunes 07 de noviembre de 2022, el Gobierno ingresó el proyecto de reforma previsional al Congreso. La moción, revisada en primera instancia por las comisiones de Hacienda y Trabajo, cuenta con urgencia simple, es decir, 30 días de tramitación.

Las reformas anunciadas por el mandatario no tardaron en generar diversas reacciones tanto en la oposición como en el gremio de las Administradoras privadas de Fondos de Pensiones o AFP, por lo que el gobierno prevé una tramitación compleja.

En la propuesta del Gobierno, la implementación de un sistema previsional mixto contempla la transformación de las actuales AFP en Inversores de Pensiones Privados (IPP), sociedades anónimas cuyo único objetivo será gestionar la inversión de los ahorros de las cuentas de capitalización individual.

Además, se creará el Administrador de Pensiones Autónomo (APA), ente estatal que reemplazará las funciones de las AFP, exceptuando la inversión. En palabras simples, el APA afiliará a los nuevos cotizantes, recaudará los dineros, administrará las cuentas, realizará los pagos de las pensiones y se encargará de la atención al cliente reemplazando al Instituto de Prevención Social (IPS). El APA manejará un Gobierno Corporativo que fortalecerá su autonomía e independencia y tendrá facultades amplias para licitar o subcontratar con privados todo tipo de funciones.

El proyecto propone, también, al Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), ente que tendrá un Gobierno Corporativo estilo Banco Central, cuya labor principal será realizar inversiones que permitan aumentar la rentabilidad de los ahorros previsionales.

Además, el nuevo organismo tendrá a su cargo la gestión del Fondo Integrado de Pensiones, que se compondrá del 6% de cotización a cargo del empleador, con el fin de cubrir las lagunas previsionales de quienes quedaron desempleados o se vieron obligados a dejar el trabajo. Se tratará de un fondo de Ahorro Colectivo que se verá registrado en las cartolas de cada afiliado.

El stock actual, alrededor de USD $150 mil millones, quedará en las AFP, pero los afiliados podrán pedir que sean administrados por APA. Asimismo, los afiliados podrán optar por dejar su 10,5% en manos de las IPP, no así con el 6% extra, que tendrá como gestor único al inversor estatal.

Ante estas modificaciones, y tras el anuncio del mandatario, Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, declaró:

“Recurrir a un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que   representa un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros”.

Además, sostuvo que evaluarán las acciones a seguir tras analizar en profundidad la propuesta, luego que esta sea ingresada al Congreso.

El miércoles 09 de noviembre de 2022, la Asociación de AFP le respondió al ejecutivo rebatiendo los argumentos del gobierno y corriendo inclusive los cálculos por no tomar en cuenta factores claves como una eventual baja en la rentabilidad. Además, Roberto Fuentes, gerente de estudios del gremio, sostiene: “No es necesario terminar con las AFP para aplicar la mayoría de los cambios propuestos”.

Por su parte, la oposición, pese a las declaraciones del presidente al respecto, exigen que quede clara la propiedad de los fondos; que sean heredables y la libertad de elegir entre un sistema privado y público.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen y han tenido un rol fundamental en el fortalecimiento de los Gobiernos Corporativos de las empresas chilenas.

La mayor parte de regulaciones o normativas que maneja Chile respecto al Gobierno Corporativo se han implementado por la actividad de las AFP en el mercado de capitales.

Según estudio preparado por el economista Fernando Lefort, las AFP contribuyeron a modernizar y mejorar la legislación de las Sociedad Anónimas, así como la del mercado de capitales, para adaptarla a los estándares de protección de las inversiones efectuadas por las AFP en representación de todos los chilenos.

En estudio de Pension Trends de Economic Research Department del BBVA se evidencia que ya en 2007, los directores independientes alcanzaban el 16%. En ocasiones, fueron estos quienes confrontaron a controladores evitando perjuicios a todos los accionistas minoritarios, incluyendo a los millones de afiliados y los miles de otros accionistas.

En 2008, se creó el “Registro de Directoras y Directores” para profesionales que se ofrecen como directores. Este registro es público y se puede acceder a él en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, de esta manera el proceso de selección de directores es regulado y transparente. Los profesionales elegidos por las AFP reciben su remuneración de la empresa, en ningún caso de los fondos.

La Norma de Carácter General 341, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la circular N° 3.558 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF) fueron nada más que los primeros pasos de una mejora en los estándares de Gobierno Corporativo.

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